No es país para ‘tantos’ presos

A pesar de contar con uno de los índices de delincuencia más bajos del mundo occidental, España es uno de los países con mayor población penitenciaria de la Unión Europea

La población reclusa lleva cinco años cayendo en España, país que presenta uno de los índices de delincuencia más bajos de Europa y el mundo occidental, sin embargo reúne una de las mayores poblaciones penitenciarias ocupando el cuarto puesto del ranquin europeo. ¿A qué se debe este desequilibrio?

Actualmente la población reclusa de España supera los 61.000 presos distribuidos en 84 centros según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Esto supone un 15% menos que en 2009 cuando ascendían a 76.000 internos. Es decir, más de 11.000 personas han abandonado las cárceles españolas en los últimos cinco años y tan solo en 2015 el número de presos disminuyó en 3.400 reclusos según la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

Uno de los motivos más claros tiene que ver con la legislación vigente. Una de las primeras causas de la disminución radica en las modificaciones del Código Penal que tuvieron lugar en 2010 cuando se rebajaron las penas máximas para los delitos menores relacionados con el tráfico de drogas al tiempo que se alcanzaron numerosos acuerdos de extradición de condenados extranjeros. Sin embargo, España es el sexto país europeo y el tercer Estado miembro de la Unión Europea donde los reclusos cumplen condenas más largas.

Es importante contextualizar estos datos con las cifras previas, puesto que el aumento de la población penitenciaria entre 2000 y 2008 fue de un 23,74% (de 45.104 a 73.558 personas), y el número de preventivos subió un 50% entre 2000 y 2008, pasando de 9.100 a 17.849 personas, es decir, 8.749 presos más.

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Al otro lado de la balanza nos encontramos con delincuentes cada vez más jóvenes, altos niveles de reincidencia y un grave problema de drogodependencia en las cárceles españolas. A todo esto hay que añadir la falta de inversión económica que ha repercutido en los altos niveles de ocupación.  Aunque no existen datos actualizados al respecto, en 2012 el Ministerio de Interior se comprometió a la apertura de 11 nuevos centros penitenciarios en España, de los cuales solo iniciaron su actividad cuatro y actualmente hasta seis permanecen cerrados por falta de medios y de personal.

Según el último informe publicado por la ACAIP, España presenta niveles de masificación superiores al 150% en todos los centros penitenciarios. Llama la atención el caso de Murcia, donde se supera el 260%. En este factor también influye la falta de personal cualificado para desarrollar su actividad en estos centros puesto que, como denuncia la agrupación, hay “3.486 efectivos menos en prisiones entre bajas vegetativas y plazas vacantes”, frente a las 320 plazas nuevas ofertadas para 2015.

Artículo de Camino Ivars

Periodista y estudiante de Criminología en la UA

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Desahucios: una ley a tener en cuenta

15 de mayo de 2017. Hasta entonces, se encuentra en vigor la ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Para los que no la conozcáis, se trata de una ley que surge en respuesta a los gritos de auxilio que resuenan a raíz de la (todavía) actual crisis económica, a través de la cual se ponen a disposición de determinadas personas una serie de medidas recogidas en los cuatro capítulos que conforman la ley.

Por tratarse de un procedimiento que he llevado personalmente en el despacho, he decidido centrar el presente artículo en el primero de los capítulos de la citada ley. De lo que se trata en dicho capítulo, es de suspender el lanzamiento del desahucio, por lo que, por lógica, la familia que pueda verse beneficiada por esta ley, será aquella que, por dejar de hacerse cargo de la cuota hipotecaria, por lo general, se ha visto inmersa en un procedimiento de ejecución de títulos no judiciales, que habrá finalizado con la correspondiente subasta judicial, y la subsiguiente adjudicación de la vivienda por parte del banco.

Cuando esto ocurre, los propietarios del inmueble dejan de serlo, y ahora la vivienda es titularidad del banco ejecutante.

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¿Qué les queda por hacer a estas familias que han perdido su vivienda familiar?  ¿Negociar con el banco un posible contrato de alquiler social que se ajuste a las mínimas posibilidades económicas de la familia? Antes de eso, hay otra posible “solución”, que, en mi opinión, es tan sólo retrasar el evidente problema que existe en miles de hogares: SUSPENDER el desahucio.

Como ya he dicho, el Capítulo 1 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, regula el procedimiento de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

Efectivamente, como dice el propio título, ni puede ser cualquier vivienda, ni puede acogerse a esta ley cualquier persona. Se exige el cumplimiento de una serie de requisitos que enumero a continuación:

En primer lugar, unos requisitos de carácter personal. Las personas que soliciten esta suspensión deben encontrarse en una situación personal o familiar de especial vulnerabilidad:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

  1. Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
  2. Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  5. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.
  7. El deudor mayor de 60 años.

En relación a estos  requisitos, hay que tener en cuenta que basta con que se cumpla uno de ellos, y no más. No ocurre lo mismo con los requisitos de carácter económico que, a continuación, enumera la ley. La ley exige que se cumplan las cuatro condiciones de carácter económico:

  1. El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no ha de superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de catorce pagas. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.
  2. Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
  3. Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  4. Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

Hasta ahora nos debe quedar clara la siguiente idea: NO basta con que nos hallemos en una situación de especial vulnerabilidad de las previstas en el apartado primero (circunstancias personales), sino que será necesario que cumplamos todas y cada una de las circunstancias económicas del apartado siguiente.

Vistos los requisitos que conforman la lista numerus clausus de la ley, a todos nos surge una cuestión. ¿Hasta cuándo se va a paralizar el lanzamiento? ¿En qué condiciones va a desarrollarse el mismo? En principio, cuando entró en vigor la ley objeto de análisis, nació con una corta vida de dos años, por lo que llegado el término de su plazo, entendimos que las ejecuciones “congeladas” temporalmente en los juzgados se harían efectivas. Pasaron dos años desde la entrada en vigor del texto legal, y el legislador decidió ampliar el plazo otros dos años. De tal forma que la redacción actual es la que sigue:

“Hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo”

15 de mayo de 2017. ¿Qué pasará entonces? Dejamos la contestación para una de nuestras próximas publicaciones.


Alba Ivars González
Abogada en CUMAS INVESTIGACIÓN